Hace unos días me pidieron que le diese mi punto de vista sobre un documento que estaban preparando para una formación política que se había interesado en el coworking y sus problemas. Lo que os dejo aquí es una versión extendida de mi aportación al documento.

Una de las polémicas que planea constantemente sobre el sector es la existencia de espacios públicos de coworking. Iniciativas que son vistas por un elevado porcentaje de gestores como competencia desleal por parte de las administraciones.

¿Cual debe ser la función de un coworking público? Esa es la pregunta clave.

Siempre he creído que el sector público debe resultar una alternativa para los ciudadanos que necesitan un servicio que el sector privado no puede proporcionar.

Si pensamos a quienes no podemos llegar creo, a riesgo de equivocarme, que lo primero que nos viene a todos a la cabeza son aquellos freelance o startups que inician su actividad, pagan un peaje muy alto: no suelen poder permitirse trabajar desde un coworking. Un coworking público sin embargo, con unas tarifas muy por debajo de mercado les puede ofrecer el servicio, pero al hacerlo las administraciones están haciendo dumping 1 contra sus propios ciudadanos.

 

Colaboración entre Coworking Público y Privado

Propongo que asumamos el reto de convertir el coworking público en un aliado de la iniciativa privada.

En la pasada Coworking Europe Conference comenté cómo creo que debería modificarse el funcionamiento de los espacios de coworking públicos tal y cómo hoy los concibe la administración, pero lo dejaré por escrito aquí por si alguien lo lee y decide aplicarlo (y si necesita ayuda ya sabe cómo encontrarme). Un coworking público debería ser un espacio donde un profesional permanezca un máximo de un año al precio público fijado para ese servicio. Una vez finalizado ese periodo deberá abandonar el espacio y no podrá volver hacer uso de ese o cualquier otro espacio público de similares características durante 4 años. Llegado este momento se le entrega al coworker una lista de espacios privados donde puede continuar su proyecto (así como los links a los principales directorios existentes donde localizar el resto de espacios). En esta lista estarían aquellos espacios que hubieran suscrito un convenio standard que proporcionaría a los coworkers que provengan del espacio público un precio reducido durante 6 meses adicionales. No me crucifiquéis aun; recordar, es como el último portátil de Apple: si no os gusta no lo compréis. El descuento es el mismo para todos, nadie obliga a nadie, y las reglas del juego son iguales para todos. Si te parece buena idea, quieres participar en el proyecto, y tener la posibilidad de ganar nuevos miembros, hazlo. Con este sistema todos ganan: el sector público puede ejercer su tan cacareada función de dar soporte directo a los emprendedores, y no sólo eso, sino que a coste cero extendería su influencia seis meses. Las iniciativas privadas reciben un flujo extra de coworkers y seis meses después de su incorporación se convierten en coworkers standard. Los coworkers obtienen un servicio a precio público durante doce meses más un servicio privado con un precio de transición durante seis meses más. Cómo os decía: todos ganan, nadie fija precios o nada parecido, hay transparencia,… todos felices.

Pero me voy a mojar un poco que sé que os gusta. Hacer lo que hace Barcelona Activa (por poner un ejemplo) no me parece ético. ¿Porqué? Porque ofrecen algo etiquetado como coworking de manera opaca: el precio del servicio no aparece en la web, los requerimientos son vagos, hay una tremenda falta de información. Iniciativas de estas características provocan suspicacias de todo un sector y además hace que algunos nos preguntemos en qué medida es coworking real.

Pensando en todo esto se me ocurrió una alternativa, una manera diferente de abordar la creación de un cowoking público. ¿Y si no hiciera falta crearlo porque ya existe? ¿Y si en lugar de dedicar edificios vacíos a duplicar lo que ya existe estos se destinaran a otros servicios que no están adecuadamente cubiertos? Por otro lado si la administración cree que todas las necesidades de los ciudadanos están ya atendidas siempre pueden alquilar los espacios vacíos a empresas privadas e ingresar dinero en las arcas públicas.

Coworking Híbrido

Seguro que ya imagináis cual es la estrategia que visualizo, pero dejadme que lo escriba: Creemos un coworking público en los espacios privados existentes

Coworking Híbrido: Un sistema de coworking público basado en una red distribuida mediante la cual el talento se extendería por todo el territorio, en lugar de concentrarse artificialmente en centros que los aíslan del exterior, beneficiando al mismo tiempo al resto de la sociedad y a negocios locales.

El funcionamiento sería muy simple. Los coworkers recibirían una beca destinada a cubrir la cuota o una parte de la misma del espacio de coworking que elijan libremente según sus preferencias y que participe en el programa. Cada usuario podría disfrutar de esa ayuda durante un periodo y cuantía concretos. Iguales para todos. El proceso estaría supervisado por la administración. En este sentido se me ocurren no sólo sistemas de control old school sino que, lo ideal sería combinarlos otros propios del siglo XXI como beacons para garantizar que se está empleando con respeto el dinero de los contribuyentes (a veces conviene enfatizar este hecho por el uso que se hace de él). En caso que un receptor de la ayuda (coworker) incumpliera los requisitos mínimos la perdería, del mismo modo que lo haría un espacio si incumpliera el convenio. Yo iría más lejos y sugeriría un contrato que garantizara un umbral de calidad suficiente para proporcionar COWORKING en mayusculas a los coworkers. También solicitaría a los espacios participantes que colaboraran con la iniciativa realizando un descuento cuando el coworker deje de recibir la ayuda para ofrecerle una transición más suave. Sería un esfuerzo pero, al fin y al cabo, habrías recibido dinero público durante 12 meses.

Creo que este sistema evita duplicidades, ahorra costes, ayuda a los coworkers y a los espacios privados a la vez que potencia la competencia para ofrecer el mejor servicio posible. Seamos sinceros, no he realizado un estudio de costes en profundidad pero me atrevería (casi) a asegurar que es mucho más barato que el actual sistema. Además resulta evidente que tiene una ventaja difícil de batir: es 100% flexible y permitiría a la administración ajustar la cuantía a las posibilidades económicas de cada ejercicio.

Sigo creyendo que el sector público debe llegar donde las iniciativas privadas no pueden. Creo que eso es posible y cómo me comentó Nerea Guinea de CO&ART Donostia cuando le pasé este artículo para que le echara un vistazo no soy el único que lo cree. Mientras terminaba el artículo me he llevado una grata sorpresa, ya que parece que lo que propongo no es tan descabellado como podíamos pensar, pero ya sea tal como lo he planteado, o con otro sistema mejor, el reto es hacerlo realidad, y hacerlo sin perjudicar a nadie.

Artículo escrito para Zona Coworking por Marc Navarro el 15 de abril de 2015